Denunciaron a Anastasi, Latini y Alí por fraude a la administración, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes
Los últimos ministros de Seguridad firmaron un contrato con el intendente de La Toma para refaccionar varias dependencias policiales. Giraron cuantiosos adelantos y las obras no se realizaron.
La ministra de Seguridad, Nancy Sosa denunció a tres ex funcionarios del gobierno de Alberto Rodríguez Saá por fraude a la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes en concurso real.
La presentación en la Justicia alcanza a sus antecesores en la cartera de Seguridad, Luciano Anastasi y Claudio Latini, y al intendente de La Toma y diputado Nacional electo, Ernesto Alí.
La nueva gestión se encontró con que Alí recibió anticipos financieros en el marco de un contrato con el Gobierno provincial para refaccionar dependencias policiales. Sin embargo, las obras no se concretaron.
Según la denuncia, se encontraron en La Toma con “una seguidilla de contratos firmados con la Municipalidad para refaccionar y reacondicionar el destacamento del cuartel de bomberos, el sector de Criminalística, Investigaciones y Canes y la Comisaría de la Mujer, más el comedor de la Unidad Regional”.
En un relevamiento realizado por la arquitecta Leila Vega determinaron que “si bien los anticipos fueron abonados de manera excesiva, superando ampliamente lo establecido en dichos contratos (30%), la realidad demostró que jamás se concretaron siquiera parcialmente, quedando en estado de absoluta decrepitud y abandono edilicio”.
Sobre Anastasi y Latini pesa la acusación de ser los responsables de la contratación, el pago adelantado excesivo y la falta de control de las obras. Y sobre Alí, el hecho de haber sido el contratista que no cumplió con los trabajos.
Ante la falta de actividad, en el cierre de 2023 se rescindieron los contratos, obligando al municipio a entregar la obra en el estado en el que se encontrase.
A pesa de eso, ya se había pagado una buena parte de lo comprometido y los trabajos no avanzaron “siquiera en un 1%”, según consta en la denuncia, lo que constituye un típico caso de fraude a la administración pública.
Así encontraron las instalaciones: